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Andina

Ayer, martes, el Pleno del Congreso de la República aprobó por unanimidad la Ley de Consulta Previa que otorga a los pueblos indígenas u originarios del país el derecho a pronunciarse sobre eventuales proyectos extractivos en sus territorios.

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La ley que fue aprobada es una texto sustitutorio que se elaboró tomando en base 5 iniciativas presentadas por la bancada de Gana Perú, Alianza Parlamentaria y otra multipartidaria. Cabe recordar que la consulta previa es un derecho que se contempla en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), este es un instrumento jurídico y vinculante ratificado por diversos países, entre ellos el Perú.

Al respecto se han pronunciado diferentes instituciones y parlamentarios; para Eduardo Nayap Kinin -Parlamentario de Gana Perú representante de pueblo indígenas- la aprobación de la Ley de consulta Previa “es un acto de patriotismo, (…) es una muestra de la inclusión social que tanto hemos proclamado y que se está llevando a cabo en toda la realidad”

Otros parlamentarios declararon que este es una muestra de inclusión en la que los pueblos más olvidados pueden empezar a sentirse parte del Estado y puedan ser tomados en cuenta (Freddy Otárola-Gana Perú), es una señal de que se pueden encontrar consensos y acuerdos en favor de los pueblos más excluidos (Marisol Pérez Tello-APGC).

Para la Ministra de la Mujer y Desarrollo Social -Áida García naranjo- “No podemos dejar de vincular la consulta con la reducción de conflictos (…) Nos va a permitir reducir el conflicto social”, mientras que para el Ministro del Ambiente -Ricardo Giesecke- esta ley lapida la tesis del “perro del hortelano”, además “El tema de la consulta previa es un paso previo, valga la redundancia, para dar inicio a la prevención de conflictos, sobre todo de los socioambientales, donde lo que prima es el desconocimiento de qué es lo que piensan hacer unos con otros, a quiénes afectan los proyectos y las actividades”.

La Cámara de Comercio de Lima a través de su presidente -Carlos Durand- expresó su confianza en que esta ley contribuya a mantener la paz social e incentive el diálogo, “Espero que la consulta previa reivindique el mecanismo de diálogo permanente que debe existir entre las comunidades, el Estado y el sector privado interesado en desarrollar actividades económicas”, recalcó también que “Es fundamental encontrar los mecanismos que permitan al país seguir avanzando, pero con un equilibrio y una participación más activa de la población para tener paz social, (…) y que continúen las inversiones responsables con cuidado del medio ambiente”

Al respecto, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas (CONAP) -Oseas Barbarán- afirmó que esta es una decisión histórica del Congreso, que permite a las comunidades nativas participar de decisiones que antes las tomaban otros, explicó además que “No tenemos derecho al veto y no se trata, a partir de esta ley, de impedir los diferentes programas de inversión, sino de hacer que las comunidades participen en las decisiones que nos afecten”.

En resumen la Ley de Consulta Previa señala que el acuerdo al que lleguen el Estado y los pueblos indígenas sobre los proyectos extractivos será vinculante u obligatorio para ambas partes. En caso de que no se alcance un acuerdo, corresponderá al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, sin afectar su derecho a la vida, integridad y desarrollo.

Vea el texto completo de la Ley de Consulta Previa

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